Por Ramon Martins Andrade, abogado (OAB/RJ 188.374)
Cuando algo sale mal en una atención médica en Brasil, la primera orientación que un extranjero suele recibir es la misma que reciben los brasileños: denuncie al CRM. El consejo no es incorrecto, pero está incompleto, y esa diferencia genera frustración meses después. Conviene saber, antes de empezar, qué decide efectivamente el consejo médico y qué queda fuera de su alcance.
Qué es el CRM y de dónde viene su competencia
CRM es la sigla de Conselho Regional de Medicina, el consejo médico de cada estado brasileño. Su competencia proviene de la Ley nº 3.268, de 1957, cuyo art. 2º define al Consejo Federal y a los Consejos Regionales de Medicina como “órganos supervisores de la ética profesional en toda la República y al mismo tiempo juzgadores y disciplinadores de la clase médica”.
El art. 15 atribuye a los consejos regionales la inscripción de los profesionales, el registro y la fiscalización del ejercicio de la profesión. Es un órgano de control profesional, no un tribunal de indemnizaciones.
Quién puede presentar la denuncia
El art. 22, § 2º, de la misma ley responde de forma amplia: en materia disciplinaria, el consejo regional actúa de oficio o “en consecuencia de representación de autoridad, de cualquier miembro, o de persona ajena al Consejo, interesada en el caso“.
Es decir: el paciente puede denunciar directamente, y no necesita ser brasileño ni residir en Brasil. También puede hacerlo un familiar interesado en el caso. La denuncia se presenta ante el consejo regional del estado donde el médico estaba inscrito al momento del hecho, o donde el hecho ocurrió, conforme al art. 21.
Qué puede decidir el consejo
Las penas disciplinarias están enumeradas de forma cerrada en el art. 22, y conviene leerlas con atención porque revelan el alcance real del procedimiento:
a) advertencia confidencial en aviso reservado; b) censura confidencial en aviso reservado; c) censura pública en publicación oficial; d) suspensión del ejercicio profesional hasta 30 días; e) cancelación del ejercicio profesional, ad referendum del Consejo Federal.
El § 1º establece que, salvo casos de gravedad manifiesta, la imposición de las penas obedece a esa gradación. Dos de las cinco penas son confidenciales; una de ellas suspende el ejercicio por un mes como máximo. Ninguna de las cinco devuelve dinero al paciente.
Lo que el consejo no hace
El procedimiento disciplinario no fija indemnización, no ordena la devolución de honorarios, no obliga a rehacer un tratamiento y no determina la corrección de un resultado. Su objeto es la conducta ética del profesional frente a la clase, no la reparación del daño sufrido por el paciente.
La propia ley lo reconoce en dos lugares. El párrafo único del art. 21 establece que “la jurisdicción disciplinaria establecida en este artículo no deroga la jurisdicción común cuando el hecho constituya delito punido por ley”. Y el art. 22, § 5º, dispone que, además del recurso administrativo previsto, “no cabrá ningún otro de naturaleza administrativa, salvo a los interesados la vía judicial para las acciones que fueran debidas”.
Son tres vías distintas y paralelas: la ética, ante el consejo; la civil, para la reparación del daño; y la penal, cuando el hecho configura delito. Ninguna excluye a las otras, y ninguna sustituye a las otras.
Cómo funciona el procedimiento
El art. 22, § 3º, garantiza que la deliberación del consejo será siempre precedida de audiencia del acusado, con defensor designado si no fuera encontrado o permaneciera en rebeldía. Es un procedimiento con contradictorio, y por eso no es rápido.
De la imposición de cualquier penalidad cabe recurso al Consejo Federal en el plazo de 30 días contados desde la notificación, conforme al § 4º, sin efecto suspensivo como regla, con excepciones para las penas más graves.
Un detalle relevante en cuanto a la forma: el § 6º exige que las denuncias contra miembros de los consejos regionales estén debidamente firmadas y acompañadas de elementos comprobatorios. En la práctica, cualquier denuncia gana consistencia cuando viene acompañada de documentación, y la documentación es exactamente lo que el paciente extranjero suele perder al regresar a su país.
Qué reunir antes de salir de Brasil
Esta es la parte operativa que más importa a quien fue atendido en Brasil y vive fuera. Solicitar copia del expediente clínico completo antes de viajar, incluyendo la descripción del procedimiento, los registros de evolución y los exámenes de imagen. Solicitar el informe del profesional sobre lo que fue realizado. Conservar recibos, presupuestos y el contrato de prestación de servicios.
Obtener esa documentación a distancia, desde otro país, es considerablemente más difícil, y en algunos casos exige una solicitud judicial. El costo de pedir los documentos antes de viajar es de unas pocas horas; el costo de pedirlos después puede ser de meses.
El límite honesto
Un resultado insatisfactorio no equivale a un error. La medicina trabaja con obligaciones de medio en la mayoría de las especialidades, y complicaciones previstas, informadas y documentadas tienden a no generar responsabilidad, ni ética ni civil. La denuncia al consejo tampoco acelera un eventual proceso judicial: son procedimientos independientes, con pruebas y plazos propios.
Lo que la denuncia sí produce es un registro institucional y una investigación técnica de la conducta. Para muchos pacientes eso importa. Pero quien busca reparación económica necesita saber, desde el primer día, que esa reparación se decide en otro lugar.
Sobre los plazos para demandar en Brasil, el texto sobre los plazos de prescripción reúne las reglas aplicables, y la página de clientes internacionales explica cómo trabajamos con casos originados fuera de Brasil.
Ramon Martins Andrade (OAB/RJ 188.374) es abogado, graduado por la UFRJ en 2011, con maestrías por la Université Sorbonne Nouvelle y por la EGN (Marina de Brasil). Actualmente es investigador en Derechos Humanos y Salud por la ENSP/Fiocruz.
Fuentes oficiales
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